Edición Médica

Se ha favorecido a directivos de esa institución, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía.

Redacción. Quito
Después de varios meses en los que se ha desarrollado la audiencia preparatoria de juicio en contra de Francisco C., exgerente del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, y otras 24 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en procesos relacionados con la emergencia sanitaria por pandemia, el Juez que lleva la causa ha resuelto dictar auto de llamamiento a juicio para todos los procesados en calidad de presuntos autores directos.
 
La presunta participación de los llamados a juicio, según lo determinan las investigaciones, sería: Francisco C.: presunto líder de la organización; Daniel P., Vicente C., Eduardo S., Francisco M., Reynaldo A., Manuel H., Luis O., José B., Alex C., Yamel C., Kennya H., Publio V., Javier A., Simona U., Gabriela A., Erika Z., Karina A., Erika Mónica Z. y Carlos C., en calidad de autores directos de la presunta infracción (según lo determina el inciso primero del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal); William A., Letty C., Angello S., Geovanny F., Jeannette T. y Maritza C. habrían participado como colaboradores (de acuerdo al inciso segundo del artículo 369 del COIP), ha informado la Fiscalía en un comunicado.
 
La fiscal del caso Claudia Romero ha mencionado que los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, fueron suficientes para que el Magistrado tome su decisión.
 
Según la Fiscalía, un grupo de personas habrían adecuado su conducta para la irregular suscripción de contratos en esa casa de salud para favorecer a directivos de esa institución (del Ministerio de Salud Pública), a través de funcionarios, personal médico y proveedores.
 
La fiscal ha presentado como principales elementos de convicción: la información remitida por Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), en la que se detalla los contratos y se evidencia el incumplimiento de condiciones; los reportes ejecutivos ampliados de la Unidad de Análisis Financiero y Economico (UAFE), los informes de la Superintendencia de Compañías y de la Superintendencia de Bancos, con los que se pudo conectar las presuntas acciones irregulares.
 
También se han incluido las actas de levantamiento de evidencias (insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país) incautadas en los diferentes allanamientos ejecutados el 18 de junio de 2020, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.
 
Este caso ha sido investigado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, creada para investigar presuntos actos de corrupción en el contexto de la pandemia por COVID-19.

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