Edición Médica

El movimiento Justa Libertad presentó la demanda.

Redacción. Quito
Ocho organizaciones feministas y de derechos humanos han presentado ante la Corte Constitucional (CC) una demanda para despenalizar el aborto, un derecho que solo está permitido en los casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre.
 
El movimiento nacional ‘Justa Libertad’ ha presentado una demanda judicial que busca declarar inconstitucional el artículo 149 del Código Integral Penal (COIP), que castiga de uno a tres años de cárcel a quien practique el aborto y de seis meses a dos años a la mujer que permita que se lo practiquen.
 
En 2021 la CC despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso introdujo cambios que a su criterio limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
 
La directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera, ha señalado que “es indispensable que la CC elimine de forma urgente el delito de aborto, justamente para evitar estas graves, inminentes e inmediatas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres que pueden darse si este delito no se elimina”.
 
“Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto, y además este es un mínimo en el marco de los derechos humanos. El aborto no debe ser regulado por el código penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud, y en ese sentido debe ser garantizado a todo el mundo”, ha declarado.
 
Así mismo ha estimado que “la existencia de este delito, nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad. Eso quiere decir que no podemos decidir ni siquiera sobre lo más íntimo en nuestras vidas que es nuestro cuerpo, que es nuestro plan de vida, y si es que queremos ser madres o no. El derecho penal nos obliga a ser madres bajo la amenaza de una pena privativa de la libertad”.
 
Por ello, el movimiento ha señalado en un comunicado que su objetivo es “proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida, así como garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, seguros y legalmente reconocidos”.
 
Para estas agrupaciones, la penalización del aborto, resulta “inefectivo”, pues no evita que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo dejen hacerlo, sino que las empuja a hacerlo en la clandestinidad y en condiciones que pueden poner en riesgo su vida.
 
Por otro lado, recordaron que diariamente 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por emergencias obstétricas, de acuerdo a datos de 2002 del Ministerio Salud.
 
Ese riesgo se eleva entre las mujeres más vulnerables por la criminalización y estigmatización tanto de ellas como del personal de salud, “quienes enfrentan múltiples obstáculos y arbitrariedades al intentar acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, han señalado.
 
El movimiento Justa Libertad ha instado a la CC “reconocer el avance hecho por la sociedad entendiendo que no se puede regular la libertad reproductiva de las mujeres con un código penal con una antigüedad cercana a dos siglos”.
 
El dato
 
Un sondeo de Cedatos, realizado en 2021, señalaba que el 80 por ciento de los ecuatorianos está en contra de que las mujeres sean criminalizadas por abortar. Mientras que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía difundidas en 2023, en los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las que el 61 por ciento eran mujeres.

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