Edición Médica

Comisión de Salud.

Redacción. Quito
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte ha recibido aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud para Limitar la Discrecionalidad y Transparentar los Mecanismos de Pagos a los Prestadores de la Red Privada Complementaria de Salud Pública sin fines de Lucro que Atienden a Grupos de Atención Prioritaria; y, al proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés, Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, texto unificado, con el propósito de contar con elementos de juicio suficientes para la redacción del correspondiente informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea.
 
Eduardo Esparza, de la Secretaría de Integridad Pública, ha considerado que los propósitos de la propuesta de Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés ya están recogidos en la Ley Orgánica de Integridad Pública, con las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público. Por lo que, ha sostenido que no es necesario que se otorgue la competencia de declarar los conflictos de interés en el caso de los prestadores de salud al órgano rector de esta área social.
 
De su parte, María del Carmen Rodríguez, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ha indicado que esta entidad no tiene competencia directa en el control de las empresas relacionadas con las prestaciones de salud, dado que no constan como parte de los sujetos obligados a reportar los presuntos movimientos irregulares.
 
Sin embargo, sobre la base de las acciones de debida diligencia, mediante resoluciones la UAFE podría establecer si existen perfiles de riesgo en el sistema, que al momento no se han detectado.
 
En su intervención, Daniel Hernández y Alegría Echeverría, delegados de la Superintendencia de Protección de Datos Personales han realizado observaciones puntuales a dos de los artículos relacionados con los prestadores de la red privada complementaria de salud pública sin fines de lucro, en torno a la interconexión de los sistemas de historias clínicas.
 
Han propuesto determinar la coexistencia de una historia clínica física y otra electrónica, y que se distinga el tratamiento específico para los datos generales del paciente y los datos sensibles, que serán debidamente protegidos, de conformidad con la ley. Para esto hay que extremar las medidas de seguridad de información biométrica, genética, de exámenes de laboratorio, entre otras, han explicado.
 
En su turno, Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, ha solicitado que las observaciones puntuales sean remitidas por escrito a la Secretaría del organismo, a fin de que sean analizadas oportunamente.

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