Edición Médica

Zaida Rovira Jurado, vicedefensora del Pueblo, presenta la garantía jurisdiccional.

Redacción. Quito
En el Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil, la vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira Jurado ha presentado una demanda de acción de protección en referencia a la deficiente política pública empleada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para aplicar el plan de vacunación contra COVID-19 a los grupos de atención prioritaria y, sobre todo, de las personas adultas mayores en Ecuador.
 
Con la presentación de esta garantía jurisdiccional y una sentencia favorable de parte del juez constitucional, se espera una mejora y optimización en el proceso de vacunación de las dosis contra la COVID-19 a los grupos de atención prioritaria en el país, y que el MSP informe, semanalmente, sobre la correcta implementación del plan de vacunación y la estrategia de aplicación del mismo en todas sus fases.
 
En declaraciones para varios medios, Rovira ha manifestado que frente a la afectación a los derechos de las personas adultas mayores durante la inoculación -19 se han realizado varios pronunciamientos y exhortos a las entidades competentes, con el objetivo de que se garanticen y respeten sus derechos, porque son un grupo de atención prioritaria, sin embargo, no han sido atendidas de acuerdo con su categoría.
 
Por este motivo, la representante de la Defensoría del Pueblo ha solicitado se declare la violación de los derechos constitucionales alegados y que se ordene al MSP el rediseño inmediato del plan de vacunación, priorizando el acceso a la vacuna a las personas adultas mayores, personas con discapacidad grave y muy grave o severa, y personas con enfermedades catastróficas y crónicas.
 
Asimismo, la Defensoría busca que se ordene al MSP que adecúe los puntos de vacunación con espacios de espera adecuados y seguros, también que se garantice el acceso a servicios básicos mínimos como agua y baterías sanitarias, que el registro de vacunación se efectúe a través de diversos medios, y no solamente a través de la página web, y que se establezca un óptimo sistema para agendar las citas y evitar la aglomeración de personas y su consecuente exposición a contraer el virus.
 
Además, ha solicitado que se establezca un protocolo de vacunación que garantice la transparencia y control en cada fase, permitiendo el acompañamiento familiar a las personas adultas mayores para que observen y verifiquen la inoculación de la dosis; y también la participación de personal de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como observadores y veedores para garantizar el proceso de inoculación.

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