Edición Médica

En el último caso de irregularidades, un enfermero es indagado.

Redacción. Quito
Tras la serie de irregularidades presentadas hasta el momento en el proceso de vacunación contra la COVID-19, la Comisión Nacional de Bioética en Salud (CNBS) ha hecho público un exhorto dirigido a los poderes del Estado, instancias de gestión gubernamental, sociedad civil y población general, para que cumplan las debidas “normas éticas universales” en su gestión y manejo.
 
El órgano asesor independiente del Ministerio de Salud Pública, ha considerado que ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia, “estos son tiempos de desarrollar y exigir en todos nosotros, en los responsables políticos y en los actores sociales, actitudes éticas que transformen a las personas y a la sociedad haciéndonos mejores en el marco de una ciudadanía activa que promueva la plena vigencia de la solidaridad, la equidad, la igualdad y los derechos de todas y todos con deferencia por la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
 
Tras recordar que la CNBS ha emitido al menos cinco pronunciamientos públicos en torno a: la pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19, investigación biomédica, uso de medicación experimental, ensayos clínicos de una vacuna y el proceso de vacunación, ha insistido a la sociedad en general a acoger los “principios fundamentales, con especial referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos - UNESCO, y a la Constitución y la legislación relacionada del Ecuador”.
 
En lo relacionado al plan de vacunación impulsado por el gobierno, esa comisión ha reconocido que “dentro de sus competencias, las autoridades sanitarias y decisores políticos serán los llamados a tomar resoluciones de alto estrés moral, político y económico, entre ellas la adquisición, distribución, administración y selección y priorización de quienes recibirán la vacuna, y otras medidas dirigidas a la mitigación de los efectos provocados por la COVID 19”.
 
Pero ha advertido que, si bien la vacunación es la acción sanitaria de mayor efectividad probada, no es la única, ni logrará una respuesta inmediata; y que el país requieren de otras “medidas políticas y económicas excepcionales cuya fundamentación debe ser la solidaridad y la búsqueda de la justicia y equidad”.
 
Por otro lado, la comisión ha demandado que la planificación, proceso y gestión de la de vacunación “obedezca a la mejor valoración posible de la relación costo/beneficio, al principio de no lucratividad, al de máximo beneficio para la mayoría, y al de igualdad de oportunidades en similares condiciones, con ausencia de conflictos de intereses”.
 
Así mismo, ha reclamado que los planes para la distribución de la vacuna sean claros, comprensibles y que sean comunicados “oportuna y públicamente tanto a la población general como a las veedurías ciudadanas de control social”.

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