Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre, Cristina Almeida, Sebastián Palacios y Josué Berrú.

Redacción. Quito

Varias agrupaciones de mujeres han solicitado al presidente Lenín Moreno, “tome una decisión en base a la Constitución de la República” y “ampare los artículos 9, 22, 115, 193, 195, 201 y 208” del Código Orgánico de Salud (COS).

En rueda de prensa, las representantes de Nina Warmi, Cristina Almeida y de Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, han insistido en que esos artículos “garantizan derechos” constitucionales como la confidencialidad, servicios de salud sexual y reproductiva como son las emergencias obstétricas, anticoncepción e “información para mujeres y hombres”.

Almeida ha recalcado que el proyecto de COS “no legaliza el aborto, porque esto solo sería posible a través del COIP (Código Orgánico Integral Penal)” y ha insistido en que “la campaña de grupos anti derechos está basada en información falsa”.

Por su parte asambleísta Sebastián Palacios también ha aclarado que el COS “no legaliza ni promueve el aborto. Asegura la atención médica de emergencia a una mujer que lo requiere frente a un aborto. El médico no es un investigador y tiene la obligación de salvarle la vida a esa mujer”, ha dicho en la conferencia de prensa.

De su lado, Gómez de la Torre ha insistido en que las emergencias obstétricas y la entrega de anticonceptivos “no deberían ser tema de debate político sobre si se debiera o no atender. Es un derecho básico que ya estaba vigente y que ya constaba en las historias de las atenciones de salud".

Por otro lado, han pedido la revisión a los artículos 199 y 202 del proyecto de ley relacionados a crear políticas de atención a niñas y adolescentes embarazadas y en “situación de trabajo sexual por no estar en consonancia con el derecho a la Protección Integral de niños, niñas y adolescentes”.

Veto a la gestación subrogada

Estas agrupaciones también han solicitado el veto parcial del artículo 196 “prohibiendo la gestación subrogada, por abrir una puerta a la legalización de la explotación reproductiva en base a la negación del derecho a decidir en libertad, sobre el cuerpo y su capacidad reproductiva”.

“La gestación subrogada no es maternidad. Las mujeres no son contratadas para ser madres y no se alquila solo su vientre si no su cuerpo y su vida por nueve meses, en condiciones de desigualdad”, ha insistido Gómez de la Torre.

Por ello estas agrupaciones han considerado que la gestación subrogada es “un negocio que gira en torno a satisfacer los deseos reproductivos de personas o parejas con dinero, a costa de mujeres pobres que están dispuestas a arriesgar sus vidas por alguna mísera compensación”.

Esas agrupaciones se han opuesto a conceptos como la “objeción de conciencia” en los artículos sobre emergencias obstétricas y “en particular por atentar contra el derecho a la vida y la salud integral estipulados en la Constitución y en el artículo 150 del Código Penal y por configurar un delito de tortura de acuerdo con el artículo 151 del COIP”.

Por su parte, Josué Berrú, de la Red Ecuatoriana de Fe ha considerado que las creencias religiosas “nos exigen actuar con empatía y rechazamos rotundamente el uso de la religión para negar la atención médica de las mujeres o para negar una vida digna a las personas por su identidad de género”.

De la Torre ha señalado que “sería terrible que el presidente claudique ante las exigencias de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en un Estado laico. Eso no lo podemos permitir”, ha sentenciado.

Finalmente, la representante de la Fundación Desafío ha asegurado que “el movimiento de mujeres está presto a interponer una demanda de inconstitucionalidad en caso de que los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes sean vulnerados”.