Edición Médica

Un expresidente de la República está entre los acusados.

Redacción. Quito
La Fiscalía General del Estado ha acusado en calidad de autores a siete procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada relacionada con pruebas rápidas para COVID-19.
 
Entre los acusados están el expresidente Abdalá B. O., su hijo, Jacobo B. P., Leandro B. (exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT) y cuatro personas más, quienes presuntamente incurrieron en irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19.
 
En el primer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía ha solicitado al Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Iñaquito, que dicte auto de llamamiento a juicio.
 
Según ha explicado, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
 
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese tiempo se ha conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la AMT, cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaria del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 hasta Guayaquil.
 
La Fiscal del caso ha fundamentado su dictamen acusatorio sobre la base de más de cuarenta elementos que los siete implicados tienen en común. Asimismo, hizo el anuncio de abundante prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio, en caso de que el Magistrado acepte el pedido de Fiscalía.
 
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionado delitos contra el régimen económico, de desarrollo y la fe pública.
 
El dato
 
La Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señalando a todos los procesados como autores del delito de delincuencia organizada.
 
Leandro B., Bryan P. Y Sheiman O. fueron acusados por el inciso primero de esa normativa legal, pues figurarían como los presuntos líderes de la supuesta organización; mientras que a Abdalá B. O., Jacobo B. P., Verónica A. y Orietta M. se los señala como colaboradores. Para ellos, la acusación fiscal se fundamentó en el inciso segundo del artículo 369.

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