Edición Médica

Jonathan Veletanga. Quito
Actualmente en el Ecuador la responsabilidad penal de los representantes legales de los establecimientos de salud “se ha convertido en una realidad palpable” que no pude ser desconocida o dejada de lado por los profesionales que ejercen cargos de representación o administración en el sector sanitario.

¿Qué significa esto? Nicole Manríquez, gestora de siniestros en Ds Legal Group, despacho especializado en Derecho Sanitario, ha manifestado que esta temática toma relevancia porque cada año están aumentando las reclamaciones en contra de los profesionales de la salud, y ahora esta supuesta responsabilidad (tanto del sanitario como del equipo médico) puede ser traspasada hacia los representantes jurídicos de los establecimientos de salud.

“Esta situación puede ser analizada desde dos perspectivas”, ha aseverado Manríquez, en diálogo con EDICIÓN MÉDICA. 

Penas no privativas de libertad

Según ha explicado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula que las personas jurídicas de derecho privado pueden ser responsables penalmente por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados; en caso de una reclamación la pena aplicable a la persona jurídica será independiente a la pena aplicable a la persona natural.

Esto quiere decir que si un establecimiento de salud es parte de un juicio penal como persona jurídica a través de su representante legal, se enfrenta a penas no privativas de libertad. Por ejemplo, la clínica, hospital o unidad de salud puede ser sancionada con una multa, clausura temporal o definitiva, disolución, prohibición de contratar con el Estado, entre otras, si se comprueba que hubo beneficio propio, ha señalado. 

Posición de garante

Manríquez ha mencionado que el segundo escenario hace relación a la responsabilidad que enfrenta el representante legal de un establecimiento de salud como persona natural. “Existen precedentes legales que evidencian esta posibilidad en el país… Se han sentenciado a representantes legales con penas privativas de libertad y al pago de una reparación integral a la víctima en diversos casos en la jurisprudencia”.

Esto significa que los representantes legales de los establecimientos de salud ya pueden ser sentenciados en el caso de una reclamación por supuesta mala práctica médica, cuando conlleva una posición de garante frente al acto médico llevado a cabo por el profesional o el equipo de salud.

Por ejemplo, al representante legal se le podría imputar responsabilidad penal cuando se demuestre o evidencie que el establecimiento de salud no cuenta con los equipos necesarios y los insumos suficientes para el procedimiento del paciente, es decir, “hay una falencia” por parte de la institución. Por lo tanto, el que responde por esa situación es el representante legal, ha.

De acuerdo al criterio de la abogada, “estos son los escenarios que pueden suscitarse” hoy por hoy en el país. Por ende los representantes legales de los establecimientos de salud deben asesorarse y respaldarse en un equipo especializado en derecho médico, con el fin de mitigar el riesgo de reclamaciones y atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Lamentablemente son pocos los profesionales de salud y representantes legales que conoce esta realidad, la mayoría desconocen los mecanismos que ayudan a evitar este tipo de responsabilidad, como las pólizas de responsabilidad civil de sociedades, seguimiento del cumplimiento de las regulaciones sanitarias según la tipología del establecimiento, aplicación de las normativas de cuidados, concientización, entre otras.

“Se debe entender esta situación y, por supuesto, hay que tomarle especial atención porque es algo que está pasado”. La pandemia será un detonante para que cada vez haya más casos de responsabilidad penal en contra de los representantes legales, ha concluido.