Edición Médica

*Barbara Martínez, abogada del despacho jurídico DS Legal Group 

La práctica de la Medicina genera un sin número de responsabilidades jurídicas y legales dentro del ejercicio de esta noble profesión, por la complejidad de esta y sobre todo por los bienes jurídicos que pueden ser vulnerados si existiere una negligencia por parte del profesional. Esta responsabilidad es impuesta no solamente por el Estado y su ordenamiento jurídico, sino también por la sociedad y su visión de lo que debe ser y hacer un profesional. El Estado empieza a limitar el actuar de un médico imponiéndole ciertos requisitos en el ejercicio de su profesión como solicitar registros de títulos con sus respectivas validaciones, condicionar sus acciones a su área de estudio, imponer manuales, crear instituciones de control, así como leyes, reglamentos y códigos. Pero, ¿Qué sucede si un profesional de la salud además es jefe de área? Es aquí cuando surge y toma aún más fuerza un concepto muy típico en el derecho denominado “posición de garante”.

Partiendo desde esta concepción de posición de garante, que, en términos generales, es toda aquella persona que adquiere el deber jurídico de actuar para impedir que se produzca un daño, que pudo haber sido evitable, surgen tres ramas, los tipos de responsabilidades más comunes en las que incurre un médico, y en especial un jefe de área. La responsabilidad civil surge a partir de la relación médico-paciente, donde crea un vínculo contractual de cierta manera, aunque no exista un contrato escrito de por medio, y de existir un daño tiene como objetivo una indemnización, una reparación económica. Cabe destacar que el daño también puede ser de índole extrapatrimonial, es decir, a bienes intangibles como la autoestima, honor, reputación, sentimientos, aspectos que se pueden considerar como subjetivos y difíciles de poder cuantificar, lo cual crea una situación delicada en el ejercicio de la profesión de un médico, que se expone ante este tipo de reclamos.

La responsabilidad penal, irrumpió a los médicos con el Código Orgánico Integral Penal, en donde se tipificaron ciertos delitos, con los cuales es muy sencillo denunciar a un profesional. Y son estos tipos de reclamaciones las más comunes a las que se enfrentan los médicos y son las más difíciles de afrontar por un sin numero de aspectos, en especial por el tiempo que puede durar una investigación, además que Fiscalía puede vincular a cualquier médico que considere que tiene cierto grado de responsabilidad, y volvemos al concepto inicial de “posición de garante”, en donde el jefe de área tiene un alto riesgo de ser relacionado al ser el responsable de los médicos y del área a su cargo, inclusive si el nunca trato al paciente, pero tiene un deber jurídico por su distinción. 

Administrativamente, también son responsables los médicos, y es aquí donde existe una confusión entre los profesionales, se cree que solo los médicos del sector público tienen responsabilidad administrativa, y no es así. Nuestra legislación considera administrativamente responsable tanto a los médicos del sector público como del privado y por supuesto a los establecimientos que brinden el servicio de salud. Se han creado instituciones de control, dispuestas a corroborar supuestas responsabilidades de los médicos en el ejercicio de su profesión, inclusive sin que exista una reclamación por un paciente, pueden iniciar una investigación de oficio, teniendo como consecuencia multas, suspensión del ejercicio profesional, decomiso o clausura parcial, temporal o definitiva del establecimiento.

Definitivamente los profesionales de la salud tienen un alto riesgo en el ejercicio de su profesión por distintas las vías de reclamación que existen, por la responsabilidad que tienen, la cual aumenta al ser jefe de área en un establecimiento de salud. Se ha creado un erróneo pensamiento sobre la actuación de los médicos, los cuales tienen temor de desempeñar sus labores porque una reclamación sea en vía civil, penal o administrativa, genera incertidumbre, gastos y tiempo. Por eso es importante que los profesionales de la salud conozcan la legislación, el reglamento interno de la institución donde laboran, las responsabilidades que conlleva tener a cargo un área y sobre todo tener la asesoría jurídica correcta.