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Preguntas previas a la excepcionalidad del homicidio


Miércoles, 20 de diciembre de 2023, a las 17:40
Tatiana Escobar Haro, profesora agregada en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), doctoranda en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y exsecretaria Técnica del CONADIS.
 
La inconstitucionalidad condicionada del homicidio presenta la siguiente complejidad jurídica desde la igualdad del valor de la vida que consta entre las observaciones generales del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tomando en cuenta situaciones como la sentencia del caso Guachalá vs Ecuador en Corte Interamericana. Además, se debería realizar un análisis de las prácticas instaladas en el país tanto en relación al suicidio como a la revocatoria del consentimiento informado terapéutico. Finalmente, cómo se afronta el tema de Cuidados paliativos en Ecuador.
 
La inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP merece una contextualización en cuanto a que el tipo penal llega a construirse en base a la comprensión social del bien jurídico en este caso la intangibilidad de la vida de otra persona. El suicidio no conlleva una consecuencia jurídica porque en el mismo sujeto se consolida la responsabilidad.
 
En este punto surgen algunas preguntas: ¿por qué en el Ecuador existe un problema con el suicidio de los adolescentes? O ¿por qué habría que modificar el tipo penal del homicidio que solo 7 países en el mundo han considerado? ¿Por qué la vida de las personas con discapacidad merece destacar el valor de igualdad de todas las vidas? Solo para la última pregunta quisiera poner algunos elementos:
 
En Ecuador el Código Civil establece la regla general de que toda persona sobre los 18 años es capaz para generar efectos jurídicos con sus actos porque a partir de esa edad se establece una maduración para entender las consecuencias de los actos. Pero las personas con discapacidad psicosocial o intelectual pueden presentar deficiencia en la conciencia y la voluntad y en este caso el mismo Código Civil establece como institución protectiva la declaración de la interdicción judicial y el otorgamiento de un régimen de guardas por medio de un tutor.
 
El esfuerzo del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha enfocado en promover la idea del régimen de salvaguardas para el ejercicio del Principio de Preferencia. La salvaguarda es una persona que alienta y orienta la decisión de la persona con discapacidad ya que se trata de alguien de su confianza es decir que en todo el proceso se cuenta con la preferencia de la persona con discapacidad; por esto se trata de una institución que refuerza la autonomía a diferencia del interés superior donde es otro quien lo declara. Y el Comité, sin ingenuidad, anticipa el tema de la Influencia indebida que podría ser impulsada ante la deficiencia en conciencia y voluntad de la persona con discapacidad bajo intereses de la más diversa motivación.
 
La sentencia del Caso Guachalá vs Ecuador de Corte Interamericana de Derechos Humanos se emite por la desaparición de un paciente en un hospital de especialidad psiquiátrica de la red pública de salud hace 18 años. Entre los elementos más importantes del mencionado instrumento está poder apreciar el control externo de constitucionalidad, la brecha en la comprensión de los derechos de los pacientes bajo la especialidad de psiquiatría y el trabajo en el consentimiento informado para personas con discapacidad, además de la disculpa pública como elemento de conciencia de reparación.
 
La práctica habilitada legalmente es la revocación del consentimiento informado que cualquier paciente consciente puede emitir. Algunos centros de salud han implementado el documento de “Alta voluntaria”, que es adicional porque la revocación consta en el mismo documento de consentimiento informado que da inicio a la intervención terapéutica de manera obligatoria.
 
En este punto caben algunas preguntas: ¿cuál es la frecuencia en que se obtiene el consentimiento informado terapéutico de inicio? ¿Se le informa al paciente sobre su derecho de revocar el consentimiento en el momento que considere? ¿Revocado el consentimiento cómo se actúan las obligaciones de cuidado con el paciente? Estas preguntas no cuentan con respuestas ni doctrinarias ni legales.
 
Lo que sí está evidenciado es la preocupación por los cuidados paliativos a nivel de política pública dentro de la normativa del Ministerio de Salud. Constando entre las competencias de la Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Paliativos. Y ahí surgen otras preguntas como: ¿qué capacitación recibe el personal de salud para atender los cuidados paliativos? ¿Cuántas unidades están habilitadas? ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad por los cuidados paliativos del equipo de salud, de la familia, del paciente? ¿Cuándo se puede declarar una limitación del esfuerzo terapéutico?
 
En conclusión, hay muchas preguntas que cabrían presentar al debate antes de abrir una excepcionalidad al tipo penal del homicidio.

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