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Genética y Ciencia
Lo inédito de INÉDITA
Por César Paz-y-Miño
Martes, 25 de septiembre de 2018, a las 20:28
*César Paz-y-Miño. Director del Centro de Investigación Genética y Genómica. Universidad UTE.
Según la Constitución ecuatoriana, se garantiza la investigación y el Código Ingenios claramente dice que se deberá destinar el 0,55 por ciento del PIB para la investigación nacional; esto significaría que, si el PIB nacional del 2018 es de 104 mil millones, se debería destinar para la investigación 572 millones de dólares, cifra que dista mucho de la realidad. En la actualidad se dispone, para fondos concursables en ciencia, 5 millones de dólares, que corresponden a menos del 1 por ciento del total que la ley prevé.
La tragedia para la ciencia nacional es tal que, según la Ley, las universidades deben invertir en investigación el 6 por ciento de su presupuesto; esto significaría que una universidad estatal con presupuesto de 100 millones de dólares debe orientar al menos 6 millones de dólares al año para investigación. Según Senescyt, para el 2017 las Instituciones de Educación Superior (IES) recibirían 1.114 millones; de entrada, 75 millones menos que lo planificado. Es decir que, en números brutos, lo que las IES deberían orientar a investigación son 68 millones de dólares, lo cual tampoco es real. Es inédito que todo un país invierta con bombos y platillos 5 millones para apoyo a la investigación en el programa INÉDITA, y que, además, derive esta responsabilidad a un tercero, al PNUD.
Tal vez por esta falta de experiencia en investigación real, y de desprecio a la ciencia local, las cifras de producción científica ecuatoriana dan cuenta del país que heredaron y del que tenemos. Con las leyes de regulación a las IES se aumentó drásticamente la producción científica ecuatoriana: el 2006 teníamos 316 artículos científicos, versus los 2.418 artículos que tuvimos el 2016. El 2017, con la nueva administración, tuvimos 3.447 y el 2018 ya ha bajado a 2.772.
Existe descontento y decepción entre los investigadores nacionales con trayectoria, cuyos proyectos de alto nivel científico y tecnológico han sido negados en la última convocatoria del inédito programa INÉDITA. Solo se recibió un mail sin explicaciones técnicas ni científicas de la negativa. El trabajo de los proponentes fue intenso, ya que la apresurada convocatoria pedía requerimientos que por la propia burocracia estatal tardan meses y hasta años en conseguirse, así: aprobación de comités de ética de la investigación, que el propio gobierno no lo tiene; aprobación del Ministerio de Salud para los proyectos de salud, pero a su vez el Ministerio pedía aprobación del comité de ética; llenar formularios tecnocráticos poco prácticos, firmas de rectores propios y de entidades colaborativas; en suma, una pérdida de tiempo para los no favorecidos, que son la mayoría de los que se presentaron, adicionalmente y en el mejor de los casos los proyectos fueron evaluados por personal de CVs medios.
La convocatoria inéditamente contemplaba como ejes prioritarios la genética y la biología molecular en salud, pero hasta donde sabemos no se aprobaron esos proyectos en varias instituciones. Dentro de esta área parecería que prima más la investigación básica que la aplicada y tal vez de poco impacto sobre las necesidades nacionales, es decir se prefiere lo que se hace en un frasco versus lo que se hace con beneficio real para las personas. Entre los investigadores hay la percepción insólita, de que se haya preferido financiar proyectos pequeños con contenidos más de presencia y algarabía social que científica.
Entre los potenciales beneficiarios de las propuestas más serias de investigación en salud, por ejemplo, estaban comunidades, poblaciones de enfermos, personas con diabetes, personas con discapacidad, etc.; además, los proyectos planteaban apoyar a algunas instituciones del estado que no cuentan con tecnologías avanzadas de diagnóstico, así la Maternidad Isidro Ayora, SOLCA Nacional, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Hospital de Niños Baca Ortiz, Hospital de Calderón, pero también asociaciones de pacientes, universidades de menor desarrollo tecnológico que buscaron apoyo en las que más desarrollo tenían, formando redes de investigación. En definitiva, la evidencia muestra y los investigadores están convencidos que se prefirió repartir limosnas investigativas a muchos, que financiar programas grandes y de impacto nacional.
Parecería que el razonamiento empírico e investigativo ha dejado de ser prioritario y la disgregación política activa y ensañada incluso a nivel personal, ha primado sobre la cordura científica. Esto es una cuestión inédita.
Según la Constitución ecuatoriana, se garantiza la investigación y el Código Ingenios claramente dice que se deberá destinar el 0,55 por ciento del PIB para la investigación nacional; esto significaría que, si el PIB nacional del 2018 es de 104 mil millones, se debería destinar para la investigación 572 millones de dólares, cifra que dista mucho de la realidad. En la actualidad se dispone, para fondos concursables en ciencia, 5 millones de dólares, que corresponden a menos del 1 por ciento del total que la ley prevé.
La tragedia para la ciencia nacional es tal que, según la Ley, las universidades deben invertir en investigación el 6 por ciento de su presupuesto; esto significaría que una universidad estatal con presupuesto de 100 millones de dólares debe orientar al menos 6 millones de dólares al año para investigación. Según Senescyt, para el 2017 las Instituciones de Educación Superior (IES) recibirían 1.114 millones; de entrada, 75 millones menos que lo planificado. Es decir que, en números brutos, lo que las IES deberían orientar a investigación son 68 millones de dólares, lo cual tampoco es real. Es inédito que todo un país invierta con bombos y platillos 5 millones para apoyo a la investigación en el programa INÉDITA, y que, además, derive esta responsabilidad a un tercero, al PNUD.
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